Estos casos contrastan con el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente de la isla de El Hierro, que debería ser un ejemplo a seguir, indica Greenpeace en su informe "Destrucción a toda costa 2012.
En la costa de Telde (Gran Canaria) existen cuatro zonas de vertidos directos, mientras que en el barranco del Guiniguada (Las Palmas de Gran Canaria) hay 17 focos de residuos urbanos incontrolados.
Al impacto de los emisarios no regularizados se le suma el de las granjas de acuicultura marina, "que tiene un importante potencial destructivo sobre los ecosistemas marinos canarios", según el informe.
En algunos casos las altas concentraciones de materia orgánica que llevan a la proliferación de algas y medusas y las enfermedades y molestias en la piel, suponen sin duda una pérdida importantísima en la calidad del agua de baño, que se refleja en los ingresos turísticos.
Asimismo, Greenpeace denuncia "una ruinosa planificación urbana" en la costa de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), que está periódicamente azotada por el embate de las olas que causa problemas de inundación y daños materiales, así como la situación de la playa de Las Gaviotas, cerrada al público desde 2010 por riesgos de desprendimiento.
Frente a los ejemplos anteriores, Greenpeace destaca la apuesta por la sostenibilidad hecha por El Hierro, que no está reñida con el beneficio económico, como demuestra que la actividad de los centros de buceo aportaba, antes de la crisis sismo volcánica, unos ingresos de 3,5 millones de euros al año, que se distribuían entre todos los sectores económicos de la isla.
La mala gestión costera, que provoca la regeneración de playas, dragados y recuperación de paseos marítimos representa un coste de 100 millones de euros cada año en toda España, según Greenpeace.
La organización ecologista ha advertido de que la mala gestión de los ocho mil kilómetros de costas en España ha supuesto un "derroche de dinero y alto costes en términos de conservación de la naturaleza".
De acuerdo al informe, al ejecutarse obras en la costa no se contempla el impacto económico añadido de la pérdida de capital natural.
Actualmente un 50 % de los espacios naturales protegidos en la costa están amenazados y se han perdido un 60 % de la superficie de humedales costeros y el 70 % de las lagunas costeras.
El informe ha señalado también que la política actual de costas no tiene en cuenta la amenaza del cambio climático que supondrá para el Estado 3.415 millones de euros producto de la subida del mar.
Además de ocasionar pérdidas por actuaciones de regeneración, Greenpeace ha denunciado que la ausencia de un plan de gestión integrada del litoral provoca la pérdida de 7.745 millones de euros en beneficios ambientales de la costa.
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