Especies Amenazadas de Canarias nos hemos adherido a la Plataforma en defensa de la Ley de Costas

 Plataforma en defensa de la Ley de Costas
Casi 100 organizaciones presentan la plataforma No a nuestra costa en defensa de la ley de costa.Hoy se ha presentado en rueda de prensa en Madrid la Plataforma “No a Nuestra Costa”, una iniciativa puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF por la defensa de la Ley de Costas, ante los reiterados intentos de reforma de la misma.

Para las casi 100 organizaciones que forman de momento la Plataforma “No a Nuestra Costa” La Ley de Costas es una garantía para la conservación de los ecosistemas litorales, el uso público en la costa y el freno a la especulación urbanística.

La Plataforma está formada por decenas de organizaciones ecologistas, del sector social y económico, y reúne a empresas de turismo activo y naturaleza, asociaciones de vecinos del litoral, departamentos de diferentes universidades, la Asociación de Jueces para la Democracia, formada por más de 500 jueces, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o CGT, entre otras.

“No a nuestra costa” desea convertirse en un movimiento ciudadano y apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de nuestra costa, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma esto es fundamental para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la conservación y el desarrollo económico

Diez motivos para defender la Ley de Costas

En dos décadas, cada día se ha perdido una superficie de nuestra costa similar a ocho campos de fútbol. La Ley de Costas no debe ser reformada, sino aplicarla correctamente ya que:

• La Ley de Costas garantiza el uso público y libre de la costa. Defender nuestras playas, calas, dunas, acantilados y rías es proteger un bien común.
• La Ley de Costas debe ser un seguro contra la especulación y contra la corrupción en nuestro litoral.
• La Ley de Costas salvaguarda el valor económico del litoral. Una costa bien conservada genera beneficios de unos 8.000 millones de euros al año y más puestos de trabajo que una costa degradada.
• La Ley de Costas asegura el buen estado del litoral. Una costa saludable es la base para la pesca y el marisqueo, ya que es el vivero de especies cruciales para el futuro del sector.
• La Ley de Costas permite la instalación en nuestras playas de establecimientos, como restaurantes, terrazas, etc, siempre que cumplan la legislación.
• La Ley de Costas avala nuevos modelos de desarrollo turístico, invirtiendo en reformar las infraestructuras existentes, sin necesidad de construir otras nuevas.
• La Ley de Costas vela por la seguridad ciudadana, evitando que se edifique en zonas peligrosas por riesgo de inundación o temporales.
• La Ley de Costas evita que se produzca una amnistía para aquellos que han dañado el litoral.
• La Ley de Costas está alineada con la Unión Europea, que exige transparencia urbanística y lucha contra la corrupción.
• La Ley de Costas cuenta con el respaldo de los tribunales españoles, que han fallado en el 95% de los casos a favor del interés general y no de intereses particulares.

  No a nuestra Costa"

  Plataforma en defensa de la ley de costas
  Estas son algunas de las principales razones por las que la Plataforma “No a nuestra costa” entiende que la Ley de Costas no debería ser reformada:
  
  • Nuestra costa es un espacio frágil, finito, rico y diverso. La Ley de Costas protege nuestras playas, calas, dunas, acantilados, marismas y rías de aquellas actividades que pueden degradarla o destruirla.
  • Asegura el disfrute libre del litoral y asegura nuestro acceso a las playas sin obstáculos e impidiendo su privatización.
  • La plataforma busca que la Ley de Costas sea un seguro frente a una urbanización descontrolada y desmedida en nuestro litoral.
  • El dominio público marítimo-terrestre y las zonas de servidumbre, establecidas en la Ley de Costas, velan por la seguridad ciudadana, garantizando nuestra integridad física y la de nuestros bienes ante posibles daños ocasionados por inundaciones, temporales, modificaciones de las playas por infraestructuras mal diseñadas o efectos derivados del cambio climático, como el retroceso de la línea de costa.
  • Garantiza nuestra seguridad jurídica, porque en el 95% de las demandas ante los tribunales se ha fallado a favor del interés general del Estado frente al interés particular.
  • Frente a la acelerada degradación del entorno costero en décadas anteriores y la desvalorización de los activos públicos y privados en el litoral, la Ley de Costas avala otros modelos de desarrollo, donde el respeto al entorno y a los procesos ecológicos sean un factor de competitividad y la base para generar empleo y riqueza.
  • La Ley de Costas salvaguarda el valor económico y estratégico del litoral para importantes actividades económicas, tales como el turismo, la pesca y el marisqueo, la agricultura costera o los deportes náuticos. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, una costa bien conservada genera puestos de trabajo y beneficios de unos 8.000 millones de euros al año (10% del PIB).
  • La Ley permite el asentamiento de determinados establecimientos en nuestras playas, siempre y cuando no contravengan la legislación.
  • No queremos que las zonas degradadas sean la recompensa para quienes han maltratado nuestra costa. En lugar de devolverla a las condiciones originales, ahora podrán tener opción a apropiarse de ellas con mayor facilidad.
  • La Plataforma defiende la transparencia urbanística y la eliminación de las figuras que favorecen la especulación y la corrupción a nuestra costa. El objetivo es evitar la vulneración de los derechos individuales de los ciudadanos europeos, tal y como fue denunciado por el informe Auken y aparece recogido en la Directiva de Gestión Integrada de Zonas Costeras elaborada por la Unión Europea, mediante una adecuada aplicación de la Ley de Costas.
  En dos décadas, nuestra costa ha perdido una superficie similar a ocho campos de fútbol cada día. Una costa mal conservada nos cuesta miles de millones de euros cada año, dinero público que se destina a la restauración de paseos marítimos, playas, infraestructuras costeras y al control de vertidos en una espiral de gasto sin fin.
  
  Una reforma de la Ley de Costas, en los términos planteados por el Gobierno, donde solo unos pocos se verían favorecidos, con una revisión del litoral deslindado (con más del 90% realizado), supondría un verdadero factor de inseguridad jurídica e implicaría un enorme coste que pagaríamos todos con el dinero de nuestros impuestos.
  
  Por todo ello, no es necesario reformar la ley de costas, sino aplicarla correctamente.http://www.noanuestracosta.org/manifiesto.php?menu=02