Entidades de protección ambiental crean la Red Canaria Contra el Veneno, cuya labor abordará su uso indebido por parte de la población

Nuestra intención es conseguir la cohesión de los profesionales que tratan con animales que les llegue la información tanto a ellos como a la sociedad". Manuel Morales, presidente del Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias, definió con estas palabras, emitidas ayer en rueda de prensa, el objetivo básico de la Red Canaria Contra el Veneno.

Recientemente surgida para estudiar el veneno y reducir su uso como herramienta biocida -sustancia química usada para destruir organismos considerados nocivos para el hombre- en el ámbito agrícola y ganadero, también trata de concienciar para que cese su uso indebido. "Es necesaria la difusión de nuestras investigaciones, pues se trata de un interés social", apuntaba Morales, que puso el énfasis en "educar y sensibilizar a la sociedad" sobre un problema que pone en serio riesgo a especies de la fauna canaria, y que ya produjo la desaparición del guirre -especie de ave canaria- en Gran Canaria y Tenerife. 

"Ha habido usos en el campo de determinados productos para evitar la presencia de roedores o lagartos", comentó Juan Antonio Lorenzo, delegado de SEO/Bird Life en Canarias. El problema surge en los casos en los que residuos nocivos, frecuentemente usados para mermar especies de roedores y lagartos superpobladas, todavía se encuentran en el cuerpo de las presas en el momento en que son cazadas. "Antes existía la junta de extinción de alimañas y esa es la mentalidad que queremos cambiar", apuntó Lorenzo. La legislación está mejorando en este aspecto; si se detecta un envenenamiento, "se trata como un delito criminal; acude el Seprona y la Guardia Civil", explicó Octavio Pérez, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quien fue tajante al definir esta práctica como una "lacra social". Existen penas de hasta dos años de cárcel si se demuestra envenenamiento intencionado".

En esa línea de coordinación entre instituciones y ONG, es importante advertir que "antes de la creación de la Unidad de Toxicología de Las Palmas, hace tres meses, los casos que contemplábamos eran sólo la punta del iceberg", explicó Pérez. Antes, para realizar el examen forense de un animal, se recurría a dos Centros Nacionales de Toxicología, que requerían procesos lentos para tramitar las peticiones. 

Ahora, la prueba forense es recogida por el Centro de Recuperación y enviada al laboratorio, que recibe "decenas de animales, tanto cadáveres en descomposición como huesos de cuervos, halcones o aguiluchos; por fin tenemos los medios en casa", matizó Pérez, y apuntó que cerca del 90% de los casos presentan carbofurano, sustancia altamente tóxica cuyo uso es frecuente pese a su prohibición. 

El apoyo científico y forense viene de la Universidad, que está "haciendo una tesis doctoral para recabar el apoyo de la comunidad veterinaria mediante el estudio del fenómeno, que contempla datos de hasta 300 sustancias encontradas en los restos animales, pero que "requiere su tiempo", sentenció Pérez en la rueda de prensa.