El Gobierno de Canarias en coordinación con los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura se preparan para un nuevo asalto en la carrera para evitar que la multinacional Repsol extraiga petróleo en aguas de las islas.

El último frente abierto es el de dar respuesta mediante alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto petrolífero, que el Ministerio de Industria acaba de hacer público este mes de agosto, a pesar de tratarse de un periodo considerado inhábil, en pleno verano.
Sin embargo en las administraciones canarias se preveía esta estrategia y tanto al Gobierno como a los cabildos no les ha cogido por sorpresa lo que consideran una nueva treta del Ministerio. Al contrario, la respuesta se viene armando desde hace meses. De ahí que de forma coordinada desde la Comunidad Autónoma se esté reuniendo un equipo multidisciplinar de científicos y sabios, a una veintena de instituciones ambientalistas, sociales, empresariales y científicas que den respuesta con sólidos argumentos a la estrategia conjunta de Repsol y del Ministerio de Industria. Ello, aún a sabiendas, como señalan las administraciones canarias, de que como dijo hace escasos días el propio Ministro Soria, de que cualquier alegación que se haga tendrá poca incidencia, porque tanto los sondeos como las posteriores extracciones serán llevadas a cabo antes de 2015.
Pese a ello no se ha perdido la ilusión y desde hace meses se trabaja en reunir el apoyo de multitud de científicos y universidades de todo el mundo con los que responder a lo que el Gobierno y los cabildos consideran que es una auténtica amenaza para el futuro económico de las islas y su biodiversidad.
Para ello ya se cuenta con el respaldo de las dos universidades canarias, la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPG) y La Laguna, así como con organizaciones independientes de científicos a los que se han pedido informes sobre economía apliacada a cerca del impacto sobre la realidad socioeconómica de las islas, el turismo o el empleo, con los que desmontar los argumentos de Repsol y del Gobierno de Madrid, que auguran la creación de puestos de trabajo y unas ganancias cercanas a los 57.000 millones de euros.
También se han encargado informes de carácter medioambiental, sobre la fauna y la flora, aves y mamíferos marinos. Informes detallados sobre el impacto en las pesquerías, consecuencias e influencia de posibles derrames o accidentes, e informes científicos de prestigiosos geólogos sobre la actividad sísmica en la zona y los posibles riesgos.
Entre otros científicos consultados destaca el informe sobre riesgos, encargado a un profesor canadiense de la Universidad de Alaska, Rich Steiner, experto en perforaciones en aguas profundas. También se van a incorporar los informes de peritos que ya han participado en el contencioso judicial que se sigue ante el Tribunal Supremo, con expertos como Alejandro Aguilar, ex vicerrector de la Universidad de Barcelona y experto en contaminación marina o Francisco Javier Villanueva, ha sido asesor en accidentes petroleros en Uruguay, Islas
Galápagos y en España en el accidente producido en la plataforma de explotación Casablanca
Pero la respuesta a través de las alegaciones a este Estudio de Impacto Ambiental no se va a quedar ahí. La estrategia también se va a centrar en atacar el procedimientos administrativo seguido por el Ministerio, que se considera, incumple proceso de exposición pública y vulnera la normativa, ya que la legislación para actividades petroleras en altas profundidades obliga a hacer una evaluación de impacto ambiental pública previa a la concesión de autorizaciones de prospecciones. Sin embargo, en este caso el Ministerio ha hecho esta exposición pública una vez concedidos los permisos para los estudios previos para la búsqueda de petróleo.
Las administraciones afectadas advierten sobre la manipulación de los plazos. Señalan que las fechas de comunicación de los requisitos del Estudio de Impacto a Repsol por parte del Ministerio fue de tan sólo un mes y dudan de que en sólo 30 días la compañía elaborara un estudio de 4.000 folios, sobre el que supuestamente no conocía requisito alguno de forma previa. Para las administraciones canarias existió una comunicación directa previa entre el Ministerio y Repsol, que pudo vulnerar el procedimiento.
Además se denuncia el supuesto vínculo político del PP con el proyecto de Repsol, al confirmarse en un acto público que el uno de agosto saldría a exposición el Estudio de Impacto, con resultado positivo, incluso dando por hecho el propio ministro de que las extracciones empezarán en 2015.