Los informes sobre alternativas al puerto de Granadilla -como la posibilidad de ampliación del puerto de Santa Cruz de Tenerife- fueron elaborados por el Ministerio de Fomento y están en posesión de la Unión Europea, informaron los ecologistas.
Pero se mantienen ocultos porque la supuesta ausencia de alternativas es la base de la decisión de la Comisión Europea de autorizar la construcción del puerto, que afectará a los sebadales protegidos en la Red Natura 2000, según dijo a Efe la portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Yasmina Encinoso.
El Defensor del Pueblo Europeo ya se mostró a finales de 2010 a favor del derecho de acceso a esa información y en contra de los argumentos de España, pronunciamiento que ha servido de base a Ecologistas en Acción para su denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Según Yasmina Encinoso, la existencia de alternativas invalidaría los argumentos con los que España convenció a la Unión Europea para que autorizase la construcción del puerto.
"Se estaría constatando públicamente que se ocultaron datos relevantes para salvar la norma comunitaria y por eso se incurrió en un delito que será denunciado ante todas las instancias competentes", advirtieron los ecologistas en un comunicado.
Ben Magec-Ecologistas en Acción subrayó que con al estar el proyecto del Puerto de Granadilla afectado por trámites judiciales, la Comisión Europea no debería comprometer fondos al proyecto, tal como ha pedido el Parlamento Europeo.
"De iniciarse las obras, la multa que tendría que asumir el Estado Español o la Comunidad Autónoma, más el dinero que ya se está desperdiciando, debería hacer pensar a las autoridades si en un momento de crisis estamos en situación de arriesgar tantos fondos del erario público", subrayan los ecologistas.
Al respecto, advirtió de que llegado el momento exigirán "responsabilidades personales y patrimoniales a quienes están provocando esta catástrofe anunciada", en referencia a la destrucción de los sebadales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario